El lunes 23 de julio pasado el Presidente de la Nación Mauricio Macri anunció en el aeródromo de Campo de Mayo una reforma en el Sistema de Defensa Nacional. Varias fueron las repercusiones que generó el anuncio, la mayoría de las cuales versaron sobre la apertura que el mismo hace a la represión del conflicto social por parte de los militares. Sin embargo, a juicio propio, detrás de la fachada de la reforma se esconde la incorporación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el esquema del ajuste económico del Gobierno.
El Presidente delineó los principales ejes de la reforma sin mucha precisión. Fue el ministro de Defensa Oscar Aguad quien posteriormente se dedicó a aclarar y ampliar los puntos de la reconversión en diversos medios de comunicación. Siguiendo sus palabras, la misma busca adaptar el despliegue, la doctrina y el equipamiento a los desafíos del siglo XXI.
El ministro explicó que la actual estructura responde a las hipótesis de conflicto del siglo XX ya superadas y que la reconversión se realizará en función de los nuevos riesgos y amenazas, los cuales refieren a actores no estatales, principalmente el terrorismo, el narcotráfico y los ciberataques. Para ello, se modificará el Decreto 727/06 pero no se tocarán las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. En este sentido, las FFAA seguirán orientadas a repeler agresiones externas y no podrán actuar en seguridad interior salvo en las excepciones que indica la ley. Recordemos que el Decreto 727/06 restringía aquellas agresiones externas solamente a las perpetradas por otros Estados, es decir, FFAA de un Estado contra FFAA de otro Estado. Esto para Aguad quedó obsoleto, no solo porque Argentina no tiene hipótesis de conflicto con otros Estados, sino que, en caso de ser atacados desde el exterior por grupos terroristas, el Decreto 727 no les permitiría a las FFAA rechazarlos. Según afirmó, hay informes que dicen que Hezbollah está instalado en la Triple Frontera.
Para el ministro, la misión principal de las FFAA continuará siendo la defensa de la soberanía nacional en los espacios terrestres, marítimos y aéreos, a lo que se agregará el ciberespacio. Los ataques contra la integridad de estos espacios, provengan de actores estatales o no, incumben a la Defensa. En este sentido, se enviaran militares a la frontera para actuar como apoyo logístico a la Gendarmería y, además, se instalarán tropas en las poblaciones de frontera para disuadir a los grupos narcos y terroristas de no instalarse en territorio nacional.
Los militares no intervendrán en tareas operativas de combate contra los grupos narcos ya que, según el ministro, las Fuerzas de Seguridad (FFSS) los están haciendo retroceder, por lo que no se necesita la intervención militar directa. El área a cubrir será toda la frontera con Bolivia y Paraguay entre el Paso de Jama y la Triple Frontera. Se custodiará, además, “objetivos estratégicos” como radares o centrales hidroeléctricas (“todo menos centrales nucleares”) donde se reemplazará a la Gendarmería. Los “objetivos estratégicos” los determinará el Gobierno Nacional. Aguad remarcó que en la frontera se actuará en complementación con Gendarmería mientras que en la custodia de “objetivos estratégicos” se los sustituirá.
Por otra parte, el ministro informó que el redespliegue de unidades militares implicará el cierre de algunas de ellas y el traslado o la fusión de otras. Producto de este reacomodamiento se venderán tierras fiscales pertenecientes a las FFAA cuyo ingreso irán a parar a inversión en equipamiento. Según Aguad, las FFAA del siglo XXI deberán tener estructuras reducidas y flexibles. Con menos hombres pero ultra-profesionalizadas y armadas con tecnología de última generación. En función de esto, el ministro explicó que existen demasiados profesionales que ya no son de utilidad y a los que se les ofrecerá retiro voluntario (veterinarios, talabarteros, abogados, médicos, etc.). Se creará, también, una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de 10 mil hombres con capacidades de desplazarse rápidamente por el territorio y concentrarse cuando surja alguna dificultad. Este plan se concretará por etapas y en aproximadamente 10 años.
Además, se fortalecerá la ciberdefensa con equipamientos de última generación proveniente de Israel. Sin embargo, según el ministro la idea no es importar todo el equipamiento militar, sino que se apostará a la producción local.
Por último, Aguad abrió las puertas a una futura modificación de las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia, aunque advirtió que eso se tiene que dar en el mediano plazo, luego del 2019, y en un contexto de amplios consensos en el Congreso. Por ahora solo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 683/18 que modificó el Decreto 727/06, ampliando el espectro de potenciales agresiones externas a los actores trasnacionales y no estatales. El Decreto también derogó el Decreto 1691/06 sobre “Organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas”. Se espera que en los próximos días se publique una nueva Directiva Política de Defensa Nacional que le dé marco legal a todo lo anunciado.
A este esquema trazado, habría que agregarle las afirmaciones del Presidente sobre la necesidad de actualizar la doctrina y los planes de carrera militar con la idea de incorporar a los mismos el uso de las nuevas tecnologías. Se está trabajando, según afirmó, en nueva ley de personal militar y en un sistema de reservas que permita aumentar la capacidad de defensa.
Consideraciones generales
Podríamos decir que una reestructuración del Sistema de Defensa Nacional era necesaria. Es cierto que el despliegue militar actual responde a hipótesis de conflicto de la década de 1960 que poco tienen que ver con la situación actual. Varios expertos coinciden que es una estructura agigantada donde se está manteniendo una mansión con presupuesto de un departamento. Ello deriva en un uso ineficiente del ya de por sí magro presupuesto que acentúa la pérdida de capacidades operativas y la obsolescencia de materiales y equipos. La solución a esto no es solo el aumento de presupuesto, ya que invertir en una estructura diseñada para escenarios y concepciones previos a 1983 seguramente no redunde en resultados del todo positivos. En este sentido, es bienvenido el debate sobre una reforma en el Sistema de Defensa Nacional.
Por otra parte, podríamos aceptar una discusión sobre la flexibilización del concepto “agresión externa”. Como se mencionó en notas anteriores, si bien es necesario tener presente la diferencia de naturaleza entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, también es cierto que existen en la actualidad escenarios conflictivos como las denominadas “guerras híbridas” que ameritan todo un debate. Los ejemplos de Venezuela, Nicaragua, Siria, Libia, las “primaveras árabes” o “revoluciones de colores” aconsejan no descartar ningún tipo de escenario.
Ahora bien, el debate sobre la reforma debe estar acompañado con una discusión sobre la estrategia nacional a seguir y acá es donde aparecen la dudas respecto al anuncio presidencial. Cualquier tipo de reconversión en un sentido progresivo requiere inversiones, sin embargo, el anuncio se hace en un contexto de ajuste económico y de negociación con el FMI cuyos condicionamientos difícilmente permitan realizarlas. Cuando al ministro Aguad le consultaron sobre el presupuesto, dijo que eso está atado a la situación económica y que actualmente “el país no está en condiciones de hacer inversiones”. Con el 0,8% del PBI destinado al sector no hay posibilidad de hacer una reestructuración como la que el Sistema de Defensa necesita.
El actual Gobierno aplica un modelo económico que no cuida la producción industrial nacional y apuesta a la especulación financiera. Con la idea de “insertarse al mundo” ha subordinado unilateralmente nuestra política nacional a las agendas de potencias extranjeras y ha cedido soberanía en el Atlántico Sur. Bajo este panorama, difícil es creer que el cierre de unidades militares, la necesidad de estructuras reducidas y flexibles, el retiro voluntarios a profesionales o la venta de terrenos responda a una reconversión del Sistema de Defensa Nacional en un sentido progresivo. Si a ello le sumamos que Cambiemos ha realizado múltiples promesas en la campaña presidencial y en el ejercicio del mandato que no solo no ha cumplido sino que ha hecho lo contrario, todo pareciera indicar que el anuncio se orienta a la aplicación del programa de ajuste al sector castrense.
Corresponde decir que las limitaciones al enfrentamiento al terrorismo y al narcotráfico provienen más de las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia que del propio Decreto 727/06, por lo que su modificación no elimina esa limitación. Para hacer apoyo logístico, como se dijo que se va a hacer, no era necesario modificar ese decreto, y si se las quiere combatir hay que cambiar las leyes. Entonces, tomar como una amenaza a la Defensa Nacional al narcotráfico y al terrorismo cuando después las propias FFAA se van a ver limitadas para repelerlos no tiene otro fin que la degradación aún mayor de las mismas y su transformación de instrumentos de la Defensa Nacional a instrumentos logísticos de las FFSS.
¿Militares en la calle?
Por ahora pareciera difícil. No sólo las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior lo prohíben (salvo en caso de declararse el Estado de Sitio) sino que, a juicio propio, no son necesarias. Si se prevé un aumento de la conflictividad social como consecuencia del ajuste económico, la efectividad en la represión va a estar garantizada por las FFSS. Recordemos que las FFSS hacen referencia a aquellas que están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, es decir, la Policía Federal y las fuerzas militarizadas como son la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. A este esquema se le agregan las diversas policías provinciales y municipales.
Como dijimos en anteriores notas, de haber represión, la misma no recaerá en las FFAA sino en las propias FFSS. Estas están entrenadas y equipadas para hacerlo. Saben llevarlo a cabo, tienen experiencia y presupuesto. Las FFAA, en cambio, no están preparadas ni armadas para el caso por lo que su intervención seguramente sería un fracaso, además de traer malestar interno por no haber consenso dentro de la fuerza para realizar este tipo de tareas.
El fin de todo este plan anunciado es liberar Gendarmes de la frontera y de los “objetivos estratégicos” mediante su reemplazo por fuerzas militares para llevarlos a las ciudades. Esto es grave porque implica la desnaturalización de las dos fuerzas, con las consecuencias negativas que ello podría acarrear. Esta desnaturalización es funcional al plan de ajuste sobre las FFAA ya que los requerimientos tecnológicos para las nuevas misiones adjudicadas son mucho menores que los necesarios para hacer frente a los reales desafíos geopolíticos que el mundo le impone a la Defensa Nacional.
Mexicanización o Defensa Nacional
A esto último queríamos llegar. Las nuevas misiones adjudicadas a las FFAA lejos están de responder a las necesidades de la Defensa Nacional. La militarización de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo ha sido la forma mediante la cual EEUU buscó sostener la presencia militar en toda la región. Anteriormente la excusa del “enemigo interno” en el contexto de la Guerra Fría, plasmada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, sirvió como pretexto para adoctrinar y subordinar a las FFAA de los países latinoamericanos. Al cambiar el contexto internacional, las llamadas “nuevas amenazas” (terrorismo, narcotráfico, crimen trasnacional, etc.) se han transformado en el nuevo pretexto para reactualizar los alineamientos.
En México, en Colombia y Centroamérica la asistencia militar y financiera norteamericana y la “guerra contra la drogas” no han dado resultados positivos, sino que, por el contrario, ha tenido como único efecto el aumento exponencial del espiral de violencia y de muertes, sin resultados positivos en lo que hace a la reducción de cultivos y producción de drogas. Argentina no puede seguir el mismo camino sin riesgo de acrecentar el problema que el Gobierno dice pretender combatir. Las perspectivas no son buenas si recordamos que el embajador argentino en Washington Fernando Oris de Roa dijo en enero pasado que EEUU tiene hacia nosotros un interés político que es la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, mientras que nosotros tenemos hacia ellos un interés económico que es colocar productos en su mercado. En otras palabras, negocios privados de exportadores a cambio de ceder soberanía en materia de seguridad.
La Defensa Nacional es algo mucho más amplia que el pleno uso de las FFAA. A ella contribuyen el desarrollo de la industria nacional y el bienestar de la población. En este sentido, parece un chiste de mal gusto que se discuta sobre el narcotráfico y el terrorismo como problemas de Defensa Nacional en un país que tiene grandes espacios vacíos como la Patagonia o el centro-norte del país, con una población escasa y mal distribuida, con una extensión marítima poco conocida y actualmente con sus recursos pesqueros saqueados, con inconmensurables recursos naturales apetecidos por las grandes potencias, con proyección hacia la Antártida en un contexto de incertidumbre sobre su futuro y con buena parte de su territorio ocupado por el Reino Unido donde se ha instalado una base de la OTAN.
Agreguemos que llevar militares al norte podría acarrear problemas con los países limítrofes, lo cual pareciera ir de la mano con la política del Gobierno de abandonar la integración regional y apostar las relaciones con las potencias del Atlántico Norte. Se militariza la frontera con Bolivia y Paraguay en el contexto de abandono de la UNASUR pero se cede soberanía en Malvinas y en la Patagonia en favor de las potencias que tienen intereses geopolíticos en nuestra región austral.
Finalizando, ni el narcotráfico ni el terrorismo en la actualidad representan al país una amenaza de tal forma que el Estado deba recurrir a su última reserva, las FFAA, para resguardar su soberanía territorial. Si bien no hay que desatenderse de las potenciales derivaciones que esta reforma pueda tener en el futuro respecto a una implicación de las FFAA en acciones represivas (algo que, como se dijo, por ahora es improbable), la reforma militar anunciada por Macri el lunes pasado pareciera ser más que nada el anuncio de que el ajuste llegó a las Fuerzas Armadas y que estas pasarán a convertirse en meras guardias de seguridad devaluadas. Todo ello como parte del plan general de entrega de soberanía, desguace del aparato productivo nacional y subordinación unilateral a la globalización financiera internacional.
Gonzalo Torchio. Sociólogo / UNLP / La Señal Medios
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