El pasado 14 de mayo, en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez, y la titular del British Antartic Survey, Jane Francis, firmaron un Memorándum de Entendimiento “con el objetivo de fortalecer la cooperación científica en la Antártida”, según indicó la prensa de Cancillería.
El acuerdo se firmó en el marco de la 41° Reunión Consultiva del Tratado Antártico que se desarrolló entre el 13 y el 18 de este mes en Buenos Aires, ciudad que tiene el privilegio de ser, desde el 2004, sede de la Secretaría del Tratado Antártico.
Según informó la Cancillería argentina, en referencia a la firma del Memorándum, “la cooperación antártica entre Argentina y el Reino Unido en temas de ciencias y conservación ha estado presente durante largo tiempo, y ha generado fructíferos resultados en un amplio temario de disciplinas, entre otras, la conservación de recursos marinos, designación de áreas protegidas, supervisión del turismo y preservación de sitios y monumentos históricos”.
El Memorándum tiene su origen en el acuerdo conjunto que el 13 de septiembre del 2016 firmaron las cancillerías argentina y británica, mejor conocido como el Acuerdo Foradori-Duncan, donde “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo el comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Es decir, donde se acordó contribuir a la prosperidad de la colonia que el Reino Unido sostiene en el Atlántico Sur a costa del retroceso de nuestra soberanía nacional en aquellos territorios. Según dicha declaración del 2016, “se evaluaron las áreas de posible cooperación en materia antártica, incluyendo intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino (IAA) y el British Antarctic Survey (BAS), así como también el desarrollo de actividades científicas conjuntas en el área de la Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)”.
Podríamos decir que la firma de acuerdos de cooperación científica es algo común entre los países con intereses en la Antártida, la cual está regulada por un régimen de cooperación internacional desde 1959, conocido como Tratado Antártico. El mismo se orienta a consolidar al sexto continente como zona de paz, abocado únicamente a la investigación científica y a la conservación ambiental. Sin embargo, detrás de esta fachada, asoman tensiones que se arrastran desde décadas previas a la firma del Tratado que demuestra que la Antártida también es escenario de disputa geopolítica. En definitiva, al no desaparecer la confrontación de intereses, los países continúan desarrollando sus políticas antárticas en función de sus intereses nacional.
En este caso, si bien es legal el Memorándum de Entendimiento firmado con el Reino Unido, es ilegítimo por lo antes explicado. Como sabemos, los británicos no solamente ocupan una porción de nuestro territorio en las islas del Atlántico Sur, sino que tienen un reclamo de soberanía sobre una parte del sexto continente que se superpone en su totalidad con el nuestro.
Pero la cosa es más grave aún. Según transcendió en algunos medios de comunicación, a la firma del Memorándum de Entendimiento asistieron miembros del ilegítimo e ilegal Gobierno británico de las Islas Malvinas, quienes formaron parte de la Delegación del Reino Unido a la mencionada Reunión Consultiva del Tratado Antártico. Dicha presencia, podría interpretarse como un reconocimiento por parte las autoridades políticas nacionales al Gobierno colonial de Malvinas.
Mariano Memolli, ex director de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) entre 2003 y 2016, en declaraciones realizadas al programa Otra Vuelta emitido por Megafón, radio de la Universidad Nacional de Lanús, señaló que “hay muchos acuerdos de cooperación científica a nivel antártico, pero con el British Antartic Survey no se había dado de esta manera pese a que, en el concepto del Gobierno anterior en el diálogo por Malvinas, había algunos encuentros y algunos acercamientos; pero nunca se decidió firmar acuerdos ni nada hasta tanto se sentaran a dialogar por la soberanía de Malvinas de acuerdo a las Resoluciones de la ONU. […] El BAS gestiona también en las Islas Georgias del Sur, en las Sandwich del Sur, todo en contra de la soberanía argentina en estas islas”.
Respecto a la presencia de miembros del gobierno kelper, Memolli expresó que, en el derecho internacional, “si yo siento a mi mesa, siendo funcionario, a alguien que dice ser miembro de un Gobierno que no existe, lo estoy reconociendo como tal. […] Si nosotros los admitimos en nuestro país, en la Capital del país, en la Cancillería argentina como miembros de una delegación, los estamos reconociendo, cosa que se ve agravada porque los reciben oficialmente en nuestro Gobierno para tratar temas de la pesca en el Atlántico Sur”.
Recordemos que, en este marco de cesión ante las pretensiones británicas por parte del gobierno anglófilo de Cambiemos, el 26 de febrero pasado el Instituto Antártico Argentino organizó una charla con el profesor emérito del British Antartic Survey, David Walton, fiel defensor de la soberanía británica en los territorios en disputa del Atlántico Sur.
La exposición de Walton, quien durante su carrera como miembro del BAS se dedicó a desacreditar las investigaciones científicas argentinas, estuvo orientada, irónicamente, a brindar herramientas para mejorar las oportunidades de publicación en revistas científicas a nuestros investigadores. Pareciera que los británicos quieren imponer a los demás países criterios internacionales de investigación científica hechos a su medida y nuestro gobierno se muestra a gusto con ello.
Según un artículo de Mariano Memolli titulado “Día de la Antártida Argentina La Cooperación Carnal con Gran Bretaña”, Watson fue un opositor de la política nacional en las Reuniones Consultivas. Como vemos, a pesar del régimen de cooperación que es considerado un hito en las relaciones internacionales, la geopolítica no desapareció. Lo que desapareció fueron las políticas para hacer valer los intereses argentinos en aquellos territorios australes con el advenimiento de Mauricio Macri al Gobierno.
Restablecimiento de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur
Por otra parte, el martes 15 las delegaciones de las autoridades políticas argentinas y británicas para reactivar la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, en el marco de la “remoción de obstáculos” que predica el acuerdo Foradori-Duncan de firmado en 2016. La delegación del Reino Unido incluyó, aquí también, a representantes del Gobierno ilegal de Malvinas, encabezados por John Barton, director del Departamento de Recursos Naturales de las Islas. Hagamos un pequeño repaso histórico sobre este tema.
Luego de la derrota en Malvinas, entre 1989 y 1990, recién asumido el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como Canciller, se firmaron los acuerdos de paz que restablecieron las relaciones entre Argentina y el Reino Unidos rotas desde 1982. Ninguna derrota en una contienda militar es gratuita y aquellos pactos significaron un Tratado de Versalles que mantiene encorsetado a nuestro país y del cual todavía no hemos podido liberarnos. De esta manera, Cavallo comenzó como canciller para negociar con los británicos y rápidamente asumió como ministro de economía para ejecutar lo pautado, que no fue otra cosa que la desarticulación del aparato productivo nacional, la extranjerización de la economía y el excesivo endeudamiento externo.
En el marco de estos tratados de paz, el 15 de febrero de 1989 se firmó lo que se conoció como el Acuerdo de Madrid donde en su artículo 7 “se acordó que ambos gobiernos procederán – a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores – a intercambiar la información disponible sobre las operaciones de las flotas pesqueras, las estadísticas pertinentes sobre captura y esfuerzo de pesca y los análisis del estado de los stocks de las especies de altura más significativas, dentro del área marítima del Océano Atlántico comprendida entre los paralelos de 45′ de latitud sur y de 60’de latitud sur”.
En cumplimiento con este punto, el 28 de noviembre de 1990 se firmó entre ambos países una Declaración Conjunta sobre la Conservación de los Recursos Pesqueros donde se constituyó, entre otras cosas, la Comisión de Pesca del Atlántico Sur que debía reunirse dos veces por año. En 2005, durante el Gobierno peronista de Néstor Kirchner, se dieron por clausuradas esas Comisiones debido a ciertas medidas de carácter unilateral que los británicos dictaban en relación al otorgamiento de licencias de pesca.
Estos acuerdos firmados entre 1989 y 1990 significaron renunciar a la soberanía sobre nuestros recursos marítimos y aceptar compartirlos (en el mejor de los casos) con la potencia usurpadora. Implicaron, también, reconocer y legitimar esa usurpación. No sólo el Reino Unido adquirió información preciada sobre nuestros recursos, a lo que nosotros contribuimos con nuestros científicos, sino que con nuestro escaso poder naval, sea desde el punto de vista militar o comercial (poder naval destruido como consecuencia de aquellos tratados de paz antes mencionados), los británicos quedaron en clara ventaja en lo que hace a su control y al usufructo económico de los mismos.
Volviendo a la actualidad, según informó la Cancillería argentina respecto a la reactivación de la Comisión, “ambas delegaciones dialogaron sobre temas de interés mutuo en materia de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental. En el marco de las medidas de conservación, se analizaron mecanismos de intercambio de información científica, se discutieron las especies de peces y calamares que serán objeto de cooperación y se evaluaron posibilidades de realizar cruceros científicos conjuntos. Asimismo, acordaron reunirse en Londres en noviembre de 2018”.
Diferentes voces críticas se levantaron ante esta avanzada de los intereses británicos con complicidad del Gobierno Nacional. Desde Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone manifestó su preocupación por el hecho de que el Gobierno Nacional está tomando decisiones sobre Malvinas sin tener en cuenta a la provincia a la cual pertenece. Recordemos que en la reunión de la Comisión de Pesca participaron delegados del gobierno kelper, mientas que, por el contrario, no hubo representación del gobierno fueguino.
Por su parte, la bancada del FPV-PJ presentó un proyecto de resolución en el Congreso para “expresar su profunda preocupación por la implementación del denominado Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en los aspectos vinculados a la cooperación científica y la pesca” y donde solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que “se abstenga de tomar cualquier decisión que implique el reconocimiento explícito o implícito de la pretensión británica de ser reconocida como estado ribereño en el Atlántico Sur y se exija el cumplimiento de la Normativa Argentina vigente en materia de pesca”.
Para cerrar, los encuentros con los británicos continuarán la semana que viene cuando el canciller británico, Boris Johnson, quien llegará al país con motivo de la reunión de cancilleres del G20, se reúna con su par argentino, Jorge Faurie. Allí avanzarán con la “hoja de ruta” trazada por el acuerdo Foradori-Duncan, además de establecer acuerdos en materia de seguridad y cooperación económica.
Todo esto ocurre en el mismo momento en que la petrolera británica Rockhopper Exploratión PLC anunció este viernes 18 que en el transcurso de 2018 obtendrán el financiamiento para la primera parte del desarrollo del yacimiento Sea Lion, cuenca petrolífera ubicada al norte de las Islas Malvinas que desde hace tiempo viene siendo explorada por compañías hidrocarburiferas bajo licencias otorgadas por el Gobierno británico de las Islas para explotar petróleo off shore.
Estos hechos confirman con mayor determinación que los dichos de Macri en 1997 explicando que “nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro” no es cuestión del pasado, sino que hoy sigue más vigente que nunca y la coalición Cambiemos lo está imponiendo como política de Estado.
Gonzalo Torchio. Sociólogo – UNLP / La Señal Medios
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