Otro de aquellos patriotas borrados de la historia. Notable pensador popular, teórico del Estado, especialista en derecho constitucional y derecho político, fue el arquitecto y mentor de la Constitución Nacional de 1949, carta magna de la Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana (disponible para descargar en nuestra Biblioteca Digital)
UN MALDITO EXCLUIDO DE LA HISTORIA OFICIAL
Nace en Concordia, provincia de Entre Ríos el 28 de julio de 1911. Cursa estudios secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata donde se recibe de abogado y doctor en jurisprudencia. Es profesor de Derecho Político, en dicha Facultad, desde 1943 a 1952.
Es miembro del Instituto Internacional de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de París y del Instituto de Derecho Comparado de Toulouse (Francia).
En 1936, publica “La Constitución de Entre Ríos ante la moderna Ciencia Constitucional”, en 1940, “La doctrina tomista de la función social de la propiedad en la Constitución Irlandesa”, en 1942, “La crisis del Estado de Derecho Liberal-burgués” y en 1944, “Filosofía del Iluminismo y la Constitución Argentina de 1853”.
A partir de 1945 se incorpora al peronismo y se desempeña como asesor de Juan D. Perón y Domingo Mercante.
En 1949, electo constituyente por la provincia de Buenos Aires, tiene destacadísima actuación como presidente de la comisión redactora y miembro informante de la reforma constitucional.
El proyecto de constitución presentado por el partido peronista, postulaba un artículo referido a la organización de la riqueza y la intervención estatal, nacionalización de minerales, petróleo, carbón, gas y otras fuentes de energía, y de los servicios públicos. Sampay trabaja sobre el tema, lo desarrolla y profundiza.
En su pensamiento, el país debía poner énfasis en el plan de nacionalizaciones: banca central, servicios públicos, fuentes naturales de energía, comercio exterior, y –en fin- todas aquellas actividades que comportaban monopolios. “Economía libre”, en lo interno y en lo exterior, era para él sinónimo de “economía dirigida por los carteles capitalistas”. “Nacionalización” –para él- debía implicar “estatización”. Su experiencia en el affaire CADE (siendo fiscal de Estado de Buenos Aires, tuvo destacada intervención en juicios contra el grupo Bemberg y la propia CADE) lo conducía a ese razonamiento.
En defensa del interés nacional modificó, en el seno de la comisión, el tibio criterio ofrecido por el proyecto del partido peronista, incorporándole dos incisos finales (en los que plasmó su posición) que decían: “Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”. “El precio de la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la expropiación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”. Para esto, consultó previamente con dos amigos personales, Juan Sábato y Jorge del Río, que aprobaron sus criterios y la redacción, de lo que luego se convertiría en el famoso artículo 40 de la Constitución de 1949.
En 1949, publica “La reforma constitucional de 1949”, en 1950, “La soberanía Argentina sobre la Antártida” y en 1951, “Introducción a la Teoría del Estado”, de la que el profesor de la Universidad de París, André Hauriou dijera que es una de las obras más acabadas en la materia”. Del mismo año es su “Estudio de Derecho Público”.
En 1952, se desempeña como fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires, pero el alejamiento de Mercante de la gobernación le trae dificultades. El gobernador saliente y algunos de sus colaboradores son perseguidos y acusados. A Sampay se le inicia juicio político para privarlo de su cargo de fiscal de Estado y se lo denuncia a la justicia penal por presuntos delitos nunca demostrados. Con el auxilio de los padres de “Don Orione” y el consejo del Cardenal Santiago L. Copello, Sampay se exilia en el Paraguay, a donde viaja disfrazado de cura para poder cruzar la frontera. En dicho país, el presidente de la república Dr. Federico Chaves, le otorga el exilio y además le solicita que acepte dictar cursos superiores a oficiales de las fuerzas armadas paraguayas. En 1954, pasa a Bolivia, donde es designado miembro del Instituto de Derecho Político de la Universidad de La Paz. En Bolivia edita dos libros: “La Teoría del Estado y el Derecho Constitucional” y “La Crisis actual de la Ciencia Jurídica”, ambos de 1954. De allí, se traslada a Montevideo junto a su familia. En dicha ciudad frecuentó amistosa relación con casi todos los argentinos, sin sumarse a la oposición. Más allá de ciertas diferencias, Sampay seguía viendo en Perón al gran líder popular de la Argentina. Por entonces, se dedica a tareas docentes y académicas.
En esa época, trabó relación con el viejo caudillo del Partido Nacional Dr. Luis Alberto Herrera (1873 – 1959), quien no tardó en lograr la colaboración de Sampay.
En setiembre de 1955, depuesto Perón por un golpe militar, varios antiguos compañeros peronistas comenzaron a reunirse con Sampay en el exilio, entre ellos su amigo el coronel Domingo Mercante, quien se radicó con su familia en Montevideo. Su situación no cambió, siguió siendo proscripto durante el régimen de facto que se dio en llamar “Revolución Libertadora”.
En Uruguay escribe “La Declaración de Inconstitucionalidad en el Derecho Uruguayo” (1957) y “Las Inflaciones de Nuestra Época” (1958). Su exilio en el Uruguay fue propicio para que escribiera la obra de referencia sobre las inflaciones. Allí criticó la política de Bretton Woods, que el gobierno peronista se había negado a suscribir, y al Fondo Monetario Internacional, del que hasta 1957 la Argentina no formó parte, denunciando: “En estos momentos hay economías de países que desfallecen envenenadas por la farmacopea Keynesiana”. Atacaba así al plan confeccionado por el economista keynesiano Raúl Prebisch que el gobierno militar argentino adoptaba como programa oficial y agregaba, “el objetivo político que animaba al Plan Prebisch residía en reponer y sujetar a la República Argentina, como sector agropecuario, dentro del universo económico del Imperio Británico”.
En 1958, regresa al país, pero no vuelve a la universidad: se lo condenó a silencio, seguía siendo un exiliado en la propia patria, seguía arrastrando el estigma de ser peronista. Tiempo después, publica “La Constitución Argentina de 1949” (1963).
Mientras en la Argentina los oficialismos de turno lo ignoran, en 1967 Sampay viaja a Uruguay y Chile, invitado para sendas conferencias, con motivo de las reformas constitucionales que afrontaban ambos países.
En 1971, publica “Las ideas políticas de Juan Manuel de Rosas”, a las cuales caracteriza como “tradicionalistas” y “reaccionarias”.
En 1972, durante el cónclave de obispos argentinos, es invitado a pronunciar una conferencia sobre un tema trascendental “Aspectos de la Socialización y Socialismo Nacional”. El mismo tema desarrolló luego ante la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina: “Socialización, Socialismo y Política del Espíritu Cristiano”.
En 1973, saludó la vuelta del peronismo al poder con una obra impregnada de su personalidad, “Constitución y Pueblo”.
En mayo de 1973 volvió a la cátedra universitaria oficial, como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. También volvió a la función pública, en el Ministerio del Interior y en el Consejo Federal de Inversiones. Además fue honrado con la designación de conjuez de la Corte Suprema de Justicia.
Su opinión fue tenida en cuenta en el Tratado del Río de la Plata, que en 1973, negociaban las cancillerías de la Argentina y Uruguay. Luego, asesora a Perón sobre un proyecto de ley creando la figura del Primer Ministro, proponiendo la introducción de un ministro coordinador, que facilitase al presidente la conducción de la Administración Pública pero no lo suplantase en el ejercicio del poder político.
Fallecido el presidente de la República, se desempeña como asesor de la señora María Estela Martínez de Perón. En 1975 integra, por la Argentina, la Comisión de las Naciones Unidas contra la discriminación Racial.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 lo despoja de su cargo y es cesanteado en la Universidad de Buenos Aires. La Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) había publicado en 1975 su obra “Las Constituciones de la Argentina (1810 – 1972)”, pero la misma fue sustraída de la venta por varios años.
Fallece, en la ciudad de La Plata, el 14 de febrero de 1977.
Fuente: Los Malditos, Vol. I. Ricardo Alberto Lopa. Pág. 155. Ed. Madres de Plaza de Mayo
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