Desde La Baldrich compartimos a continuación y manifestamos nuestra plena coincidencia con la declaración de Iniciativa Política sobre las medidas tomadas recientemente por el Gobierno Nacional:
DECLARACIÓN
El Gobierno nacional ha tomado en los últimos dos días dos decisiones importantes para el futuro del país que ingresará en la post pandemia; veremos sus resultados en los próximos dos años. El durísimo saldo que dejará la cuarentena en las variables de la economía en materia de inversión, ahorro, empleo, en los sectores industriales, la construcción y los servicios, no deja lugar para las dudas y el Gobierno no puede darse el lujo de esperar un rebote que dependa exclusivamente del sector privado nacional. Tiene en sus manos al Estado y está dispuesto a usar todas las herramientas a su disposición para asegurar una reactivación rápida y una cobertura mínima en materia de ingresos a toda la población, que le permita además afirmarse políticamente y enfrentar con éxito a los enemigos de la patria y el pueblo argentino.
El viernes dispuso prácticamente un congelamiento del acceso a los dólares por parte de las empresas. Las escasas divisas que están en poder del Banco Central son un recurso estratégico que se ha usado en los últimos tres meses en las jugadas de una enorme cantidad de empresas en el «dólar bolsa» y el «contado con liquidación» y el Gobierno dispuso cerrar el grifo, para asumir más claramente el control del mercado de cambios, contra la especulación y la dilapidación de divisas.
La segunda medida la conocimos hoy, cuando el Presidente y el ministro Matías Kulfas anunciaron la intervención y el rescate estatal del grupo agroindustrial y agroexportador Vicentín, en proceso de quiebra y envuelto en sospechas de defraudación al Banco Nación y al Estado nacional por más de 20 mil millones de pesos.
Este grupo empresario es uno de los grandes actores del mercado de cambios y una de las «ventanas» por donde ingresan miles de millones de dólares cada año. Es además uno de los grandes empleadores del país y cabeza de una vasta red de productores granarios, aceiteros, lácteos, agropecuarios y agroindustriales hoy atenazados por la posible quiebra de su principal cliente. Y finalmente, es un jugador central en el mercado de alimentos, no sólo del mundo en algunos productos sino principalmente de la Argentina, en tiempos de pandemia y colapso económico.
Obviamente, todo lo señalado en el párrafo precedente basta para comprender la decisión gubernamental, que tiene implicancias múltiples en materia de política cambiaria y política productiva con impacto sobre diversos sectores y en la seguridad alimentaria para la población en general.
La decisión brinda «una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa. Y una decisión trascendente para el país, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura» en los mercados granario, de cereales y de alimentos, valoraba anoche la economista Fernanda Vallejos, diputada nacional y titular de la Comisión de Presupuesto.
El gobierno nacional debatía desde finales de febrero la posible expropiación del grupo privado, como resultado de la imposibilidad de cobrar los créditos contraídos con el Banco Nación durante el último período del gobierno de Cambiemos por una cifra del orden de los 18.000 millones de pesos.
La imposibilidad de cobrar esas deudas perjudicaba seriamente la capacidad patrimonial del Banco Nación por aproximadamente U$S 1500 millones. Y además de ello la empresa Vicentin se encuentra en estado de insolvencia lo que hizo imposible la recuperación de créditos vía cancelación por pago.
A todas luces, el anuncio aparece como una solución justa y adecuada a los intereses de la Nación. No obstante, creemos que la cuestión empieza ahora. La «nueva» Vicentín debe ser empresa testigo en el comercio agroexportador; debe ser parte del desarrollo de una nueva política de alimentos para el conjunto de las y los argentinos; debe ser el inicio del esperado control estatal del casi centenar de puertos privados que se extienden desde Rosario hasta San Nicolás y por donde se va la producción nacional con «declaraciones juradas» de dudosa rectitud.
Son muchos los desafíos en el nuevo escenario, pero el valor que la empresa otorga al manejo de la política cambiaria, además del portentoso instrumento que el Estado tiene de ahora en más para dar señales a la actividad y al mercado, son inestimables e incontrastables.
Y sin dudas, es de enorme importancia la gran señal que deja el Estado nacional a todos los operadores económicos, desde los bonistas extranjeros hasta las empresas locales, en materia de protección de las arcas fiscales: la expropiación total de activos como resultado final para aquellos que decidieron jugar al fraude contra el tradicional «Estado bobo», parece ser parte del mundo que el coronavirus dejó atrás. Hay una «nueva normalidad» y parte de ella es otro tipo de Estado.
Por todo lo antedicho, INICIATIVA POLÍTICA celebra la medida del gobierno nacional, que ha dado una nueva razón, después de manejar la lucha contra el Covid 19 con responsabilidad y humanismo, para ganarse el respaldo de nuestras grandes mayorías.
Córdoba, 8 de junio de 2020
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