Geopolítica del Atlántico Sur y la Patagonia en tiempos de Macri – Por Manuel Valenti Randi

Las acciones y declaraciones de un gobierno definen su alineamiento internacional y su proyecto de país. El gobierno de Macri no es la excepción. La política de Cambiemos en la Patagonia, Atlántico Sur y Malvinas es el “revival” de la visión Patria Chica y de cooperación con nuestro enemigo histórico, Gran Bretaña.

Tal como afirmamos en artículos anteriores, Macri impulsa un giro geopolítico y económico, con respecto al gobierno anterior, de realineamiento y subordinación a EEUU, Europa, los grandes capitales y los organismos internacionales¹. De esta manera, procura anclar el país a su situación periférica mediante reformas estructurales que impliquen la subordinación de las políticas públicas a las exigencias de organismos como el FMI o la OCDE, y de acuerdos de libre comercio como el UE-MERCOSUR². Esta perspectiva ideológica de “volver al mundo” es una renovación del posibilismo y el realismo periférico, es decir, de la aceptación irrestricta de las reglas de juego que nos imponen, donde no hay margen de maniobra para tener una política exterior autónoma. El objetivo es romper las resistencias internas a la transformación estructural de la matriz productiva, económica y social de la Argentina³ y organizar al país alrededor de la producción de commodities, minería, rentas y timba financiera.

Para Macri, el reclamo por la soberanía y la relación con Gran Bretaña están subordinados a su deseo de restaurar las relaciones diplomáticas con el gobierno británico y a recibir su apoyo⁴. Es importante recalcar que Gran Bretaña es el país país con el cual tenemos un conflicto territorial, el mayor del mundo: Argentina y Gran Bretaña se disputan más de 1 millón de km² en el Atlántico Sur y la Antártida.

Estas afirmaciones sobre la política de Cambiemos en el Atlántico Sur se sustentan en el análisis de las acciones y acuerdos públicos del Gobierno.

1. Patagonia: desindustrialización, despoblamiento, extranjerización y desabastecimiento energético

Macri y su gabinete gobiernan guiados por la máxima de que gobernar es despoblar y destruir el trabajo. En Tierra del Fuego, desde el inicio del gobierno atacaron sus industrias tecnológicas y de ensamblaje, que emplean, junto con el turismo, a la mayoría de los fueguinos. Bajo el lema de la “reconversión” de los sectores “ineficientes y deficitarios” de la economía (industria y plantas ensambladoreas), dijeron que iban fomentar en la isla las industrias del salmón, el turismo, la petroquímica, forestal y un puerto logístico para la Antártida⁵. El resultado es un aumento del desempleo (1,6% mayor 2017 respecto a 2016⁶), desindustrialización y caída de la actividad (44%⁷).⁸

En su política de realineamiento con “Occidente” y la falta de voluntad real para reducir el déficit energético de la Argentina (más allá de que digan lo contrario), al inicio de su gobierno, Macri intentó cancelar el contrato firmado por Cristina Kirchner con el gobierno Chino para la construcción de dos represas hidroeléctricas que iban a cubrir el 5 % del consumo nacional de energía eléctrica⁹. Cristine Mc Divitt, viuda del empresario norteamericano devenido en “ecologista” y terrateniente, Douglas Tompkins, dueño de estancias en Chile y Argentina, había recomendado detener la construcción de las centrales hidroeléctricas bajo la falsa denuncia de que producirían un impacto ambiental inaceptable¹⁰. La presión del gobierno chino obligó a ratificar los acuerdos para la construcción de estas centrales hidroeléctricas, aunque con una disminución de su capacidad.

La causa contra el ex ministro de Planificación Julio de Vido por las minas de Río Turbio busca “matar dos pájaros de un tiro”. Por un lado, meter preso al compañero que emprendió la planificación y realización de la obra pública estratégica más importante desde el gobierno de Perón, para aleccionar de que “nadie más se atreva a hacerlo”; y por otro eliminar una fuente de energía que abastecía a todo el país y que empleaba a más de dos mil personas. Federico Bernal explica que la mina de Río Turbio “aumenta el nivel de reservas comprobadas de carbón mineral del país y diversifica el parque de generación térmico-fósil, lo cual incrementa la seguridad energética nacional.” El entretelón de este accionar tenía como protagonista a Aranguren, ex CEO de Shell y actual ministro de Energía, que comenzó a aumentar las importaciones de gas a través de empresas subsidiarias de Shell.

El objetivo estratégico de boicotear la producción energética autónoma y el autoabastecimiento busca impedir el desarrollo industrial, ya que un país que se industrializa y consume necesita energía. Julio De vido explica: “Imaginemos pues, argentinos, santacruceños y rioturbienses, lo que sucedería con el pueblo si la mina se cerrara. Sí, acertaron, se convertiría en una población fantasma, luego de la lucha que sin duda daría su indómito pueblo […] [el yacimiento] Fue descubierto por el teniente Del Castillo en 1887, en tiempos de un gobierno de la Argentina liberal, de la generación del 80 liderada por Roca. Pero ellos tenían un proyecto territorial estratégico, NO SÓLO DE ENDEUDAMIENTO Y ENTREGA COMO EL NEOLIBERAL ACTUAL. […] 732 millones de toneladas de reserva de carbón aseguran una explotación aproximada de 356 años en Río Turbio. ¿Saben cuántos gigavatios puede producir este yacimiento? 582.000. Este número podría no significar más que un dato sin valor pero no, son 4 años y medio de consumo nacional, o sea, de toda la Argentina. Es decir, de todos nosotros, los que consumimos energía eléctrica y sobre todo de los que consideramos que el acceso a ese servicio es un derecho de todos y no un bien transable. Por eso la defensa del yacimiento Río Turbio no sólo compromete a sus habitantes, sino también a todos los argentinos.”¹¹

Bajo el argumento proporcionado por las ONG “ambientalistas”, como Greenpeace, de que la mina no era ecológica, el gobierno de cambiemos desfinanció la mina de Río Turbio y la paralizó¹². Para el supuesto reemplazo de la energía que Río Turbio iba a dejar de proveer, licitó parques de energía eólica y solar que, en su mayoría, fueron a parar a manos de empresas norteamericanas, inglesas y del primo de Macri, Calcaterra¹³. Por lo tanto, desfinanció una fuente de energía segura y constante en manos de capitales públicos y pasó a la producción privada de “energía renovable”.

En la línea de despoblar, desindustrializar y desabastecer, el Gobierno desfinancia YPF y lleva a niveles críticos la producción de petróleo y gas, cuya principal zona productora a nivel nacional es la Patagonia. El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) explica que YPF baja estrepitosamente¹⁴ la producción de petróleo: “Santa Cruz ya produce la mitad de crudo que en 1999”¹⁵ y Chubut lleva la peor caída de producción de hidrocarburos desde el 2000, y se encamina a producir menos petróleo que en 2003¹⁶.

Estas acciones sólo pueden llevar, nuevamente, a la inducida inviabilidad económica de las provincias. Esto abre el camino para la reconversión y la extranjerización de la explotación de sus recursos.

Mediante un decreto modificatorio de la Ley de Tierras Rurales impulsada y sancionada por el kirchnerismo en diciembre de 2011, el gobierno de Macri inició una nueva etapa de extranjerización y concentración y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros¹⁷. El conflicto con los pueblos originarios en la Patagonia, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel se enmarcan dentro de este escenario. El gobierno nacional brindó su apoyo político y su aparato represivo, a través del Ministerio de Seguridad, a los grandes terratenientes extranjeros y locales. Desde el inicio del año pasado, el gobierno de Cambiemos especulaba con terminar la prórroga de la ley 26.610, que suspendía el desalojo de las comunidades originarias de los territorios en conflicto, aunque tuvo que prorrogarla a raíz de la presión social surgida tras la muerte de Santiago Maldonado.

En este conflicto convivencial, en el cual hay muchas comunidades de pueblos originarios y personas marginadas sin una porción de tierra ni acceso a una vivienda digna, el Gobierno, claramente, se para del lado de los fuertes y reprime a los débiles. A su vez, construye un enemigo inexistente, la RAM, para justificar la represión del reclamo legítimo de los derechos de los pueblos originarios.

Uno de los grandes beneficiados de este giro en la política energética y en la Patagonia es el amigo personal de Mauricio Macri, el magnate británico Joe Lewis,.dueño de miles de hectáreas en la Patagonia y socio mayoritario de Edenor, entre otras empresas energéticas. Macri le perdonó a Edenor una deuda de mil millones de pesos y sus empresas energéticas se vieron fuertemente beneficiadas por el aumento sideral de la tarifas¹⁸.

2. Atlántico Sur y Malvinas: abandono de la política de reclamo y ocupación pacífica del Atlántico Sur

En 1997 Mauricio Macri afirmó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio, como tienen los israelíes (…) las Malvinas serían un déficit adicional para el país.”¹⁹ La afirmación de Macri, en aquel entonces presidente de Boca, muestra a todas luces su concepción de Patria Chica, que supone que “el mal que aqueja a la Argentina es la extensión”, y no nuestra situación colonial, en el caso Malvinas, y semicolonial, como Nación.

Esta primera afirmación es necesaria, ya que al margen de los discursos públicos y formales, tanto de Macri como de la Cancillería, las acciones en política exterior sobre el Atlántico Sur y sobre el reclamo por la soberanía territorial de nuestra islas Malvinas siguen la línea de pensamiento del Macri de 1997. Se pueden encontrar tres ejes de la política del gobierno de Macri con respecto a Malvinas y el Atlántico sur:

1. Abandono de la presión diplomática y colaboración con la estrategia británica.

• Desde el inicio del gobierno no sólo buscaron “restablecer” relaciones con los británicos sino que decidieron prácticamente abandonar (o sólo hacer declaraciones formales) la soberanía en Malvinas. La estrategia era buscar el acercamiento con los británicos y para eso era necesario excluir o morigerar el reclamo por Malvinas. Es una suspensión, de hecho, del reclamo territorial.
• El presidente Macri recibió en 2016 una carta de la recientemente asumida primera ministra británica Theresa May, en la cual nombraba a las Malvinas como “Falklands”, lo cual no valió ni una aclaración formal de la Argentina, como se acostumbra y requiere en estos casos.
• Además, “se sumó recientemente un planteo del Reino Unido por el cual afirmaba que el ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) requeriría de forma excluyente un cese de las restricciones impuestas a empresas que operen en las Islas Malvinas. La primera respuesta no se hizo esperar: la orden de la Cancillería fue directamente “lavar” en la Declaración Ministerial del G77 + China la hasta ahora sostenida condena sobre exploración y explotación no autorizada de hidrocarburos en el área de Malvinas. Como si fuera poco, en recientes declaraciones a la prensa, el Canciller Jorge Faurie insinuó que a partir de la ayuda prestada por el Reino Unido en la búsqueda del ARA San Juan se abría un nuevo capítulo de la relación bilateral.”²⁰.
• Las Malvinas, además de pertenecernos por historia y por derecho, están dentro de nuestra plataforma continental, como lo demuestra el fallo de la ONU sobre la extensión de la plataforma marítima argentina. El fallo aclara que no implica que la Argentina tenga soberanía en las Malvinas ni en sus aguas territoriales, pero es un elemento importante para sumar al reclamo territorial, del cual el gobierno argentino prácticamente no parece haberse anoticiado.
• La colaboración del ejército brasileño en 2016 con los británicos (seis vuelos detectados de Brasil a Malvinas) sólo suscitó una queja formal por parte del gobierno argentino, pero no fue parte del temario de ninguna de las reuniones bilaterales del gobierno argentino con el brasilero, y menos con el británico. Esto viola claramente el acuerdo del Mercosur, firmado en el 2012, de solidaridad con el reclamo por Malvinas²¹. La prensa oficialista y hegemónica casi no se hizo eco de esta noticia, a pesar de que toca dos temas muy sensibles. la relación con Brasil y el reclamo por Malvinas.
• Los repudios ante los ejercicios militares, el aumento del instrumento militar por parte de los británicos en las Islas y la asunción de un intendente militar en el gobierno de la Isla, fueron tan débiles que ni se hicieron notar. No hubo, por parte de la Argentina, ninguna campaña de repudio ante la comunidad internacional contra estas acciones ofensivas y de escalada militar del gobierno británico.

2. Disminución de los costos de ocupación

• En el acuerdo Foradori-Duncan, firmado por Argentina y Gran Bretaña en 2016, “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados.”²² Este acuerdo viola la ley que sanciona la explotación de hidrocarburos en nuestra plataforma territorial. Por otro lado esta carta de intención implica abandonar la política de aumento de los costos de ocupación hacia los usurpadores británicos, ya que ponía un freno a las inversiones de las empresas petroleras para explotar en el Atlántico Sur. Este acuerdo de entendimiento coincide, no casualmente, con el hallazgo por parte de una petrolera británica de un yacimiento petrolero de “clase mundial” al norte de las Islas Malvinas²³. Estos hallazgos, sumado a la colaboración del gobierno de Cambiemos, impulsaron naturalmente el aumento de la inversión en el instrumento militar por parte de los británicos en las Islas. El gobierno británico compró un escudo antimisiles de última generación, en “respuesta” a que que el gobierno argentino anunciara la compra de cinco aviones, casi obsoletos, al gobierno francés. No se puede saber, porque no hay la información suficiente para aclararlo, si el gobierno argentino colaboró con la excusa o fue un caso de total impericia.

3. Abandono del control territorial del Atlántico Sur.

• Una noticia poco difundida, pero de alto valor estratégico y geopolítico es el traslado de los radares de control aéreo de Comodoro Rivadavia a Córdoba en 2017²⁴. Por lo tanto, “la vigilancia del espacio aéreo de la zona antártica y las Islas Malvinas perdería efectividad”²⁵. Por otro lado, este traslado implicó que 35 personas perdieran su trabajo, si no se iban a vivir a Córdoba.
• La tragedia, aún no resuelta, del hundimiento del submarino Ara San Juan implica la pérdida del arma estratégica más importante que tenía el ejército argentino para el control y patrullaje del Atlántico Sur. Este artículo no tiene como objetivo aclarar, ya que no es posible, si el submarino se hundió por un accidente o fue hundido por un agresor. Lo que si se puede afirmar con total certeza es que el gobierno había llevado a un nivel crítico el mantenimiento del submarino. El desfinanciamiento y subejecución del presupuesto de mantenimiento, ponía en riesgo a nuestro marinos y al submarino.

3. Antártida: Abandono de la presencia y política activa en la y de alianzas regionales

• Argentina abandonó su política de alianza con Chile e inició un acercamiento con Gran Bretaña en cuestiones antárticas mediante el acuerdo Foradori-Duncan. Este entendimiento político, piensa profundizarse en un acuerdo de cooperación que está negociando el gobierno argentino con el británico. Mientras tanto, el país europeo firmó un acuerdo de entendimiento con Chile en política antártica que excluye a la Argentina hasta 2022²⁶. Hábilmente, el gobierno británico rompe la alianza suramericana y entabla acuerdos con ambos países. La vieja máxima de “divide y reinarás” sigue vigente y el gobierno de Cambiemos colabora. Es importante recalcar que estas acciones del gobierno argentino se dieron mientras Malcorra era la canciller argentina y candidata a presidir la ONU. Mariano Memolli, ex Director Nacional del Antártico (2003-2015), dijo que “si el objeto es obtener el apoyo británico para la candidatura de la actual Canciller a la Secretaría General de las Naciones Unidas, estamos ante un hecho insólito.”²⁷
• Al igual que en el gobierno de la Alianza, donde había un acercamiento a los británicos, la Argentina vuelve a hablar de la posibilidad de cerrar bases antárticas permanentes. En aquel momento el gobierno de De la Rúa negociaba el cierre de la mitad de las bases antárticas a cambio del voto británico para establecer la sede del Tratado Antártico en la Argentina y se amparaba en el “déficit presupuestario” que generaba. La continuidad ideológica y geopolítica entre el gobierno de la Alianza y el de Cambiemos es cara. En marzo, el gobierno argentino ya cerró la base antártica temporaria Decepción²⁸.
• A pesar del pomposo anuncio de la finalización del remodelamiento del rompehielos y buque científico Almirante Irízar (reparado casi en su totalidad durante la gestión anterior), éste tuvo fallas que le impiden funcionar. A su vez, el avión Hércules que estaba realizando los vuelos de abastecimiento a la Antártida (a un costo altísimo, porque el Gobierno no licitó el alquiler de un rompehielo para hacerlo) presentó fallas, lo que dificultó gravemente el abastecimiento a las bases antárticas argentinas²⁹. Mariano Memolli explica que “el vuelo planificado se realizó gracias a los servicios de la Fuerza Aérea de Uruguay. No queda claro si el avión fue alquilado por el Programa Antártico Argentino y si continuará prestando servicios durante la campaña antártica 2017/18.”³⁰
• Es importante recalcar que durante la planificación de la campaña antártica del 2016, el ministro de defensa quedó envuelto en un escándalo cuando acordó el abastecimiento antártico con firmas extranjeras a un costo mayor del esperado, si lo hubiera hecho con medios propios. Finalmente, tuvieron que pedir apoyo aéreo y naval a otros países para garantizar el aprovisionamiento de las bases.³¹
• Dentro de la política de “desantartización”, el Gobierno remató un patrimonio histórico, como es el viejo edificio del Instituto Antártico Argentino. En el mismo se encontraban inmensidad de archivos sobre la política antártica argentina. No se sabe el paradero de ese material³².

• A su vez, hubo una desinversión en ciencia antártica, con respecto al gobierno anterior. El doctor Mariano Memolli explica que “el costo de la reducción de proyectos científicos no tiene impacto económico a corto plazo, pero sí lo tiene a futuro, en términos de la presencia nacional en la Antártida.”³³

Gran Bretaña se encuentra en una crisis política interna. Sectores pro-diálogo por Malvinas, como Jeremy Corbyn, tienen amplias posibilidades de ganar las próximas elecciones; sumergida, a su vez en el contexto del Brexit, en el cual podría perder el apoyo europeo para la cuestión de Malvinas³⁴, el gobierno de Cambiemos no sólo no aprovecha la oportunidad sino que colabora con la estrategia británica. Queda claro que el gobierno de Macri no tiene ningún tipo de intención de recuperar nuestra Islas, ni ejercer soberanía en el Atlántico Sur y en la Antártida. La subordinación ideológica y política de Cambiemos a las potencias anglosajonas y su intento de hacer negocios con ellas, guían su accionar político en la Patagonia, Atlántico Sur y Antártida.