ENRIQUE ÁNGEL ANGELELLI (1923 – 1976)
Nació en la ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923. De familia humilde, de inmigrantes italianos, realizó sus estudios en escuelas del Estado y luego con las hermanas de Villa Eucarística, donde su padre trabajaba como casero. A los 15 años, ingresó al Seminario de Córdoba. Por su desempeño destacado fue enviado a Roma en 1939, donde se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. En Europa, entró en contacto con la Juventud Obrera Católica (JOC).
El 9 de octubre de 1949, fue ordenado sacerdote. Al año siguiente regresó a la Argentina donde formó parte del tribunal eclesiástico, además de colaborar en la parroquia de San José de Alto Alberdi. También comenzó a dictar clases en el Seminario Mayor de Córdoba y fue asesor de la Juventud Universitaria Católica. Junto a Emilio Di Pasquo, obispo de San Luis, impulsó en 1952, la fundación de la Juventud Obrera Católica en Córdoba. En 1960, fue nombrado Obispo Auxiliar de Córdoba. Durante su desempeño, se vinculó especialmente con los barrios más humildes, en permanente contacto con los trabajadores, ofreciendo asilo y protección a militantes políticos y sindicales. Fue nombrado rector de dicho Seminario, donde realizó numerosos cambios hacia una mayor apertura de su rigurosa disciplina. Luego de un conflicto con el Nuncio apostólico Humberto Mozón, fue trasladado a Villa Eucarística. En 1965, regresa a la sede del arzobispado cordobés y en 1968 es nombrado obispo de La Rioja, forma en que la jerarquía eclesiástica piensa alejar a Angelelli hacia una diócesis de menor importancia: el objetivo era acallar su voz.
Como Obispo anunció “no vengo a ser servido sino a servir”, mandato que cumplirá durante todo su desempeño, buscando siempre tener “un oído puesto en el Evangelio y otro en el pueblo”, síntesis de su mensaje pastoral. Adhirió a los principios del Concilio Vaticano II y de Medellín, entendiendo al Evangelio desde la lucha por la liberación de los desposeídos, denunciando el hambre, la desocupación, la concentración de la propiedad y la explotación campesina.
Desde esta postura, promovió la formación de cooperativas de campesinos, lo cual ocasionó la inmediata oposición de la clase acomodada riojana, mayoritariamente latifundista, quienes comenzaron a atacarlo criticando su prédica y accionar. En diciembre de 1971, prohíben la trasmisión radial de la misa dominical del obispo en la cual analizaba la realidad social de la Provincia.
Muchos sacerdotes se acercan para conocer y compartir la tarea pastoral de Angelelli, entre ellos Antonio Puigjané y Jorge Danielani; serán acusados de “comunistas, marxistas y rojos” por las familias terratenientes de La Rioja, quienes se agrupan en la “Comisión Pro Recuperación del Padre Virgilio”, en “Cruzada Renovadora de la Cristiandad” y en el movimiento “Tradición, Familia y Propiedad”.
Desde 1972, numerosos sacerdotes riojanos que trabajaban junto a Angelelli fueron detenidos; incluso se producen ataques a la casa de las religiosas de Aminga. En 1973 el Papa Paulo VI envía a un delegado personal, el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zaspe, quien apoya la obra de Angelelli, pero por nuevos incidentes debe interrumpir su visita.
Desde 1974, Angelelli comenzó a recibir amenazas de muerte, al tiempo que la Triple A comenzaba a operar en La Rioja. En diciembre de 1974, visita a Pablo VI, quien lo anima en su labor. A comienzos de 1976, por los enfrentamientos crecientes, pone su renuncia a disposición de la diócesis. Desde julio de 1976 Monseñor Angelelli denuncia los asesinatos de Gabriel Longeville y Carlos de Dios Murias, dos sacerdotes de Chamical (La Rioja); y del laico Wenceslao Pedernera, dirigente de Acción Católica Rural y de la parroquia de Sañogasta. Realizó una investigación sobre estos casos donde quedaba en evidencia el accionar represivo. La misma estaba preparada para entregar a las autoridades eclesiásticas, cuando el 4 de agosto de 1976 durante el viaje de Chamical a La rioja muere violentamente en Punta de los Llanos.
Después de cerrar la investigación como “accidente de tránsito”, la justicia riojana archivó el caso. En marzo de 1984, el juez Aldo Fermín Morales recaratuló el expediente como “Homicidio calificado”. La Corte Suprema de Justicia declaró, en noviembre de 1988, la competencia de la Cámara Federal de Córdoba para el juzgamiento de los militares presuntamente involucrados en la muerte del obispo. Esta consideró que la muerte había sido producida por las órdenes del III cuerpo de Ejército de Córdoba. El fiscal de Cámara pidió la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para varios implicados en la causa.
Fuente: MARA ESPASANDE – LOS MALDITOS – VOL. II – Pág. 399. Editorial Madres de Plaza de Mayo