«En las últimas décadas se viene produciendo una modificación de los ámbitos de formación y de distribución del conocimiento»
En las últimas décadas se viene produciendo una modificación de los ámbitos de formación y de distribución del conocimiento. Los espacios tradicionales de organización de la cultura, como la familia, las instituciones barriales (clubes deportivos, asociaciones de fomento, etc.), las escuelas y la iglesia, están perdiendo centralidad frente a la televisión y la Internet.
Los partidos políticos y los sindicatos vienen reduciendo su histórica función de capacitación ideológica de los dirigentes y, cada día, con más fuerza, la agenda de gobierno está siendo impuesta por los medios de comunicación concentrados. Estos últimos, actúan en alianza con los grupos económicos, el Poder Judicial y los servicios de inteligencia del Estado. El histórico lugar que tuvo la prensa gráfica en la formación ideológica de las elites y de las clases medias está siendo remplazado por la información que circula en las redes sociales y en los nuevos formatos televisivos ligados al espectáculo.
El fetichismo tecnológico
Para intentar comprender algunas de las posibles derivaciones de este proceso de transición cultural, consideramos oportuno poner en discusión dos cuestiones.
La utopía tecnológica. Habitualmente se cree que las nuevas tecnologías y, en particular, Internet, están liberando a la humanidad de las ataduras informacionales de otras épocas. Hay analistas que postulan que se terminaron las estructuras y las jerarquías en la circulación y en el acceso a los datos. Internet habría eliminado los límites al conocimiento y los cibernautas ejercerían un proceso horizontal y protagónico de adquisición del saber universal. En realidad, la comunidad se enfrenta a un mecanismo de control y de banalización de la cultura que está reduciendo la capacidad crítica y reflexiva de las personas. La definición misma de “red social” es engañosa, ya que no existe verdadera horizontalidad, sino que los principales circuitos de información y cultura están regulados por corporaciones locales y extranjeras. Como resultado de su accionar, está aumentando el poder cultural de la elite política y económica, en paralelo a la reducción de la capacidad de discernimiento de la masa popular.
La pérdida de la centralidad educativa que ejercían la familia, la dirigencia sindical, el cura, el profesor o el maestro, impiden que los receptores adquieran la capacidad crítica necesaria para entender cabalmente lo que leen y consumen en Internet y particularmente en las redes sociales. Ello supone un riesgo para el individuo y su familia, que quedan a merced de delitos informáticos o sexuales. En el plano emocional, las redes sociales producen adicciones, angustias, ansiedades y pueden originar trastornos severos de personalidad. Su consumo exacerbado disminuye la capacidad crítica y dificulta la conformación de un pensamiento riguroso y sistemático. Las nuevas tecnologías de la comunicación y del entretenimiento en manos de corporaciones están conformando un estado mental enfermizo que exacerba el individualismo, el aislamiento y el consumismo. Estas últimas características se convierten en los parámetros culturales y de vida para generaciones de jóvenes, que abandonaron todo tipo de proyecto social, colectivo o patriótico, para remplazarlo por la identidad banalizada y el consumo de la red. Hace tiempo que la educación pública está en crisis y ese vacío es ocupado por contenidos en las redes, conllevando el peligro de demoler la identidad nacional y los valores que hacen al mantenimiento del orden social.
Las redes infunden odios y temores colectivos que debilitan considerablemente la posibilidad de construir una comunidad política organizada. Se impulsa la acción irracional y la apología del método de la venganza mediatizada y el escándalo público. El bombardeo informacional, dirigido desde las corporaciones locales y extranjeras, instala falsas agendas públicas y pone en serio riesgo la democracia y la soberanía nacional.
El supuesto de universalidad y de normalidad del funcionamiento de la TV e Internet en Iberoamérica. El mundo actual está en una férrea lucha por los recursos naturales y por los mercados y esa contienda se desenvuelve en el plano cultural y comunicacional. Justamente por eso no es casualidad que las naciones en disputa organicen sus propios sistemas y aplicativos de comunicación e Internet y que impulsen regulaciones con sentido nacional y social, como ocurre en China, Rusia o la Comunidad Europea.
El sistema de comunicación audiovisual de Iberoamérica no es el único posible, sino que es el resultante de una situación transitoria de lucha de poderes. En nombre de la libertad del periodismo y de Internet, en nuestro continente se esconde una subordinación neocolonial con los Estados Unidos, país con el cual tenemos una dependencia tecnológica, cultural y de contenidos.
La televisión e Internet en vías de reemplazar a las organizaciones libres del pueblo y al Estado
En la Argentina los servicios de comunicación audiovisual funcionan de manera oligárquica, extranjerizante y oligopólica.
Son oligárquicos por su condición de propiedad y sus titulares integran grandes empresas vinculadas al poder económico y político. Por mucho tiempo la ley 22.285/80 impidió a las cooperativas la titularidad de radios y de televisión, dejando ese derecho meramente a las empresas comerciales. En Argentina, los principales medios de comunicación son propiedad de grandes conglomerados económicos, de manera similar a lo que ocurre en Chile (El Mercurio), en Venezuela (Cisneros) o en Brasil (Globo). Además, los medios son oligárquicos por su línea editorial y se han opuesto históricamente a los gobiernos de raigambre popular de Yrigoyen, de Perón o de Kirchner. Algo similar ocurre en toda Iberoamérica y los medios hostigan con su línea editorial a los dirigentes políticos con vocación de reforma económica y social.
Los servicios de comunicación audiovisual son extranjerizantes en su propiedad y en los contenidos que difunden. En Argentina, la televisión surgió desde el Estado (Canal 7). En la misma etapa se inauguró la agencia de noticias pública (TELAM) y se sancionó una ley de regulación de medios con regulación nacionalista (14.241/53). Desde el año 1955 en adelante, se inició un proceso de norteamericanización de la televisión en acuerdo con los nuevos grupos privados locales. Estos últimos, firmaron convenios con empresas de los Estados Unidos y el canal 9 surgió con la NBC, el 11 con la ABC y el 13 con el grupo Goar Mestre. Para detener esta tendencia, la ley 22.285/80 impidió que los medios de comunicación fueran adquiridos por grupos extranjeros.
Carlos Menem impulsó una política de desnacionalización del periodismo por intermedio de reformas normativas y de la firma de tratados de inversiones. Los conglomerados internacionales se quedaron con canales y radios, como fue el caso del entonces grupo español que adquirió Canal 11 (Telefé). La reciente realineación geopolítica de Cambiemos con los Estados Unidos, favoreció el hecho de que los norteamericanos se apropien de los derechos de televisación del fútbol de primera división (Fox-Turner) y del canal Telefé (Viacom). No es casualidad que Macri haya sacado de la grilla de la TV Digital a Telesur y permitido el ingreso de la TV francesa (France 24), en un acto de censura de la comunicadora sudamericana y de subordinación a la división internacional del trabajo y de la cultura.
Los servicios de comunicación audiovisual se organizan en un grupo reducido de oligopolios. En los años noventa se flexibilizó la normativa para fusionar la propiedad de los medios gráficos y audiovisuales. Se expandió de 4 a 24 el número de licencias de cada prestador de radio y de televisión, permitiendo a unos pocos conglomerados empresarios administrar la información y la cultura a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
La ley 26.522/09 intentó revertir la tendencia a la concentración oligopólica, para impulsar la pluralidad de voces. Por exigencia de las grandes empresas de medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue derogada parcialmente por el DNyU 267/15. Éste último instrumento legal, prorrogó por 10 años las licencias de los grandes grupos, derogó la cláusula antimonopolio –pese a su constitucionalidad establecida por la Corte Suprema– y eliminó el tope de las licencias que puede adquirir cada prestador. En nombre de la libertad de mercado, el gobierno nacional intervino activamente para favorecer a Clarín y a los grupos oligopólicos trasnacionales. Con la finalidad de garantizar el poder de los CEOS y la parcialidad en la regulación de la comunicación, el DNyU 267/15 eliminó el AFSCA y creó en su lugar el ENACOM, que es controlado por mayoría de miembros en representación del Poder Ejecutivo Nacional.
Internet y los sistemas de control total
El uso que hacemos los argentinos de Internet y de sus aplicaciones depende, tecnológicamente y en contenido, de los Estados Unidos. Los programas de buscadores de datos más utilizados (Google, Yahoo, etc.), las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), los servicios de mensajería (WhatsApp, etc.) o los repositorios de videos (Youtube) son producidos y administrados por empresas de los Estados Unidos en acuerdo con su gobierno. Un pequeño número de corporaciones radicadas en Silicon Valley y en unas pocas ciudades de los Estados Unidos monopolizan el software y regulan qué vamos a encontrar en los buscadores de información o de música de las computadoras, teléfonos celulares o tablets.
Con la masificación de uso de Internet sin regulación pública desapareció el concepto tradicional de la vida privada de las personas. Las empresas y los gobiernos captan y ordenan las creencias religiosas, las tendencias sexuales, las ideologías, los hábitos de consumo y la ubicación geográfica de los individuos. Nunca en toda la historia de la humanidad, se tuvo la capacidad de reunir tanta información privada, sin más regulación y finalidad que la ambición comercial y el deseo político de dominio de algunos Estados.
Las empresas norteamericanas que administran los circuitos de Internet, reúnen la información privada que es utilizada con fines comerciales y de control ideológico y político. La seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos se ponen en juego en Internet y no hay casualidad alguna en el hecho de que la red social Twitter haya censurado a la cadena rusa de noticias RT y a Sputnik. Además, y de manera más sutil, hay diversos mecanismos para que las empresas ordenen la información que circula y que se lee en Internet. Google tiene un importante poder para regular y modificar algoritmos de los motores de búsqueda, llevando a los lectores a encontrar la información que la empresa y el gobierno de los Estados Unidos consideran oportuna.
El uso de internet y de las redes sociales que las corporaciones realizan, están violando los derechos del individuo liberal, al estar reuniendo datos, estudiando perfiles y utilizando todas las acciones particulares y las opiniones de las personas. Ya es obsoleto el postulado de la Constitución Nacional argentina que sostiene que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. En nuestro país los buscadores de información conducen compulsivamente a los lectores a las plataformas de Clarín, Infobae y La Nación. Estas empresas les imponen la agenda publica a los usuarios y su poder está amplificado con la inclusión de accesos directos obligatorios en la telefonía celular o tablets, conformando una red comunicacional oligopólica y direccionada políticamente.
La utilización partidaria de la comunicación e Internet
En el marco del debilitamiento de los partidos políticos y de las instituciones de la sociedad civil, la actividad de Internet y de los medios de comunicación audiovisual se tornó fundamental. Las corporaciones económicas y los dirigentes partidarios contratan consultoras y fundaciones para analizar tendencias, expectativas o el estado emocional de la opinión pública. Internet y las redes sociales son insumos fundamentales, y el conocimiento de los sujetos reunido por los instrumentos tecnológicos, es varias veces más detallado que el resultante de realizar una encuesta. Sabiendo qué opinan, sienten y esperan las familias, clases o grupos humanos, las nuevas tecnologías permiten individualizar los mensajes e interpelar a la masa popular.
Las personas en su paso por Internet dejan rastros, conversaciones y datos. La información es utilizada para imponerle al individuo un mensaje personalizado en sus redes, casillas de correo o mensajería. Google y las redes sociales estudian a los individuos y son sociólogos y psicólogos para analizar comportamiento y pedagogos, artistas y comunicadores para imponerles ideología. Las empresas que regulan las nuevas tecnologías le imponen al individuo un mensaje que es irradiado en paralelo en la TV, las computadoras, la radio, tablets o los teléfonos celulares. Un mismo discurso es presentado en diversos formatos informativos, deportivos o de entretenimiento, tendiendo a una especie de dictadura comunicacional de alto impacto y prácticamente imposible de evitar para el individuo de a pie.
Los servicios de inteligencia del Estado y las empresas de Internet reúnen, venden o utilizan esa información para diagramar las campañas, extorsionar a la clase política o para manipular estados de ánimo colectivo. En el momento de definir la estrategia electoral, hay dos grandes universos de grupos sociales a interpelar ideológicamente. Por un lado, está el universo de los sujetos “politizados” o convencidos de seguir a un dirigente, un partido o a una idea. Haciendo reduccionismo, este sector puede involucrar alrededor del 30 al 40% de los electores. Con la prensa y con las nuevas tecnologías, a esta porción de electores se la intenta radicalizar, desmovilizar o confundir, según el espacio de donde provenga la comunicación.
Por otro lado, están los individuos “desinformados” o sin posición partidaria claramente definida. A este grupo, que suele definirse como ajeno o distante a la política, se lo interpela por intermedio de canales de comunicación no estructurados o de formato informativo clásico. El consumo de entretenimiento y las redes sociales permiten movilizarlo emocionalmente, sin que el sujeto lo perciba racionalmente. La comunicación de las redes o el espectáculo infunde empatías, temores, angustias, resentimientos o expectativas. En estos casos, la imagen y la emoción bombardeados constantemente al sujeto a través de Internet, pesan más que la razón política (programas de gobierno o ideologías partidarias).
El asesor de Cambiemos, Jaime Duran Barba, trabajó con destreza la estrategia de construcción de la imagen presidencial en redes e Internet. La tarea del gobernante consiste en gestionar los intereses de las elites económicas y con esa finalidad hay que justificar los proyectos de desigualdad institucionalizada como los únicos posibles. En su óptica, vale más la credibilidad del dirigente que su plataforma de gobierno y esta cuestión se construye mostrando a sus familiares realizando gestos con personas comunes y mascotas o “actuando” escenas de la vida cotidiana del candidato. Esta campaña esconde los intereses de poder que representa el partido político y evita debatir el trasfondo de las medidas que se proponen implementar los candidatos. Durán Barba argumenta que la política es un campo de construcción de “esperanza” o de instalación de temas de “conversación” y que deben dejarse en un segundo plano los proyectos de país, las ideologías y las disputas de intereses. Al momento de ganar una elección, la emoción supera ampliamente a la razón.
Organizaciones libres del pueblo o neoliberalismo
De profundizarse el panorama político y cultural mencionado, la estructura mental y actitudinal de las nuevas generaciones está en serio riesgo. El orden social puede ser suplantado por un inestable estado de crisis política permanente, motorizado por odios mediatizados y por una carencia total de sentido colectivo, patriótico y nacional de la vida humana.
Frente a ese panorama, deberíamos reconstruir la escuela pública reforzando el cumplimiento de normas sociales y el sacrificio personal, difundiendo valores humanos solidarios y una concepción nacional y patriótica de la existencia.
La comunidad, para pervivir en el convulsionado sistema político internacional actual, necesita potenciar a los clubes de barrio, a las iglesias, a los partidos políticos y a los sindicatos. Solamente con un pueblo consciente y organizado, se generarán las condiciones políticas para la necesaria regulación social y nacional de Internet y de la comunicación que garanticen la pluralidad de voces y la elevación cultural y ética del pueblo.
Aritz Recalde. Sociólogo, docente de la Universidad de Lanús, autor de «Intelectuales, peronismo y universidad»
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