Quizás proponer pensar estrategias en este período táctico, o pensar el mediano plazo en esta crisis del corto, implique “hablar de boca de jarro”. ¿Cómo trascender la coyuntura si la misma nos recibe con un nuevo ministro de economía reemplazante de una Silvina Batakis que duró pocos días en el cargo y se enteró de su “renuncia” en medio de un viaje a los EEUU? ¿Cómo trascender la coyuntura si la misma nos llama con un dólar blue por encima de $300, con un BCRA con reservas líquidas en rojo y una proyección de inflación anual cercana al 90%? Y sobre todo ¿cómo llevar discusiones de mediano plazo a funcionarios que en el día a día están obligados a pelar una nueva papa caliente? De algún modo, lo intentaremos.
La producción argentina pasó de significar un 38% del PBI de América del Sur en 1960 a solo un 15% hoy; observando un brutal colapso productivo en términos reales. Estos datos elaborados por el cientista social Mauricio Santoro solo sirven para confirmar el diagnóstico de este texto: Argentina necesita exportar más, y los intentos por hacerlo desde 2002 han sido infructuosos porque Argentina necesita exportar mejor. El investigador del CONICET Martín Schorr aclara no sin razón que “El mandato de exportar a como dé lugar y de inmediato, obstruye diversos problemas que resultan críticos a la hora de pensar el desarrollo argentino en una clave más igualitaria, justa y sostenible”.
El debate del futuro es la inserción argentina en el mundo, en este mundo cambiante y caracterizado por la “guerra comercial” entre EEUU y China. En ese tipo de péndulos nuestro país siempre ha tenido cierta filiación por arrimarse a alguno de los polos y centrar su política económica en la complementariedad. En ese sentido no es menor observar cómo las balanzas comerciales de Argentina con los países desarrollados –incluida China- siempre son deficitarias en lo que refiere a bienes de medio y alto contenido tecnológico y en industria media y pesada.
Acaso sea ese el primer planteo, un desarrollo que exceda del concierto de las naciones, y es que algunas de las grandes trabas que tuvo la primera industrialización nacional de la década del 30 fue la falta de voluntad, signada por un panorama externo de sustitución de importaciones por la gran guerra y sus consecuencias; mientras que el desarrollismo frondizista era auto limitante en tanto su supervisión por parte de la CEPAL –vinculada al deterioro en términos de intercambio- y del poder militar.
Durante el gobierno de Perón (1946-1955) sí hay una apuesta a la industria, aunque rápidamente cuando reaparece la crisis de divisas se reorienta la política económica en una reformulación agropecuaria. Por su parte, durante el período 2002-2015 existió un discurso y un incentivo (sobre todo en términos de crédito) a la industria, pero el mismo se dio de manera descontrolada, sin planificación estratégica del Estado, sin aprovechamiento de ventajas comparativas y sin una macro que brindara competitividad internacional: juguetes, textil, calzado; decenas de rubros productivos crecieron de gran manera creando alrededor de 2 millones de puestos de trabajo legítimos en el sector privado y con los salarios en dólares más altos de América Latina, pero en ese estado de cosas el techo estaba muy cerca y para 2012 la Argentina ya no pudo crecer, ya no había consumo interno (de tan solo 40 millones de argentinos) que pudiera corregir los desperfectos de no exportar y no hubo cepo capaz de frenar la restricción externa, tornando un proceso que había comenzado con superhábits gemelos en un proceso con déficit fiscal, déficit cambiario, déficit comercial, restricción externa, y, por último, la devaluación de 2014. La etapa final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (y algo de la política social del gobierno de Mauricio Macri, pero esa es otra discusión) planteó como principal problema económico a la pobreza y la desigualdad y elaboró una maquinaria económica con la finalidad de “poner plata en el bolsillo de la gente”, pero la pobreza y la desigualdad no son problemas de la economía nacional sino sus consecuencias y, como expuse ut supra, no hubo flujo de circulación de capital entre el sector público- población trabajadora- sector privado que pudiera remontar el estancamiento.
El foco entonces está puesto en producir y exportar, pero no sólo en exportar, sino exportar más y mejor, exportar con inteligencia, con planificación y estrategia económica, partiendo de las bases de nuestra estructura productiva. Una economía basada en la exportación estratégica masiva implica crecimiento del producto, crecimiento del herario público y, en términos de finanzas públicas, un crecimiento del ingreso de divisas que acabe con la restricción externa (desaparición de cotizaciones paralelas, solidez de reservas suficientes para evitar corridas y devaluaciones, y acceso a crédito internacional). Pero esta es una verdad de Perogrullo, ¿quién acaso no ha querido exportar? Lo hace EEUU y lo hace China, lo hace México y lo hace Brasil, e incluso el gobierno cubano sostiene (con algo de pocas ganas de hacerse cargo de los propios errores) el bloqueo como la principal causa de las hieles de la isla. Pues entonces, profundizando en el debate planteado –sobre la posición económica de la Argentina en el mundo- vale la pena abordar las posibilidades de nuestra matriz productiva y sus ventajas comparativas.
La siguiente verdad de Perogrullo es la respuesta que se nos viene a la mente cuando nos preguntamos sobre las ventajas comparativas de nuestro país, y esta respuesta es “el campo”. Nuestro país cuenta con las condiciones geográficas, climáticas y macroeconómicas para producir alimentos por montones, para 400 millones de personas (dicen algunos sin demasiado sostén científico), y podría serlo para muchos más. Con una tierra cultivada de 300 mil km2 y con una oligarquía muy fuerte desde el proceso de conformación del Estado moderno, la gran ventaja comparativa de la Argentina está en la producción agroindustrial, especialmente en la que abunda en la pampa húmeda y el sur del litoral: soja, trigo y maíz.
Esta ventaja no la desaprovechó nadie. En tiempos de kirchnerismo cuando retóricamente la soja era tratada “como un yuyo verde” y en la algidez del conflicto por la resolución 125; por detrás el Estado hacía un enorme esfuerzo por colaborar con la producción rural mediante los créditos públicos de tasa más blanda o mediante un millonario plan del Ministerio de Planificación Federal para desarrollar rutas y caminos rurales. Incluso consta de aquella época la orden de Kirchner (2006) de destrabar el “conflicto de los supermercados chinos” en la que el ex presidente, entre el secretario general de la CGT Hugo Moyano y los exportadores de soja (con dos barcos con 200 mil toneladas retenidos en China), eligió quedarse con los exportadores.
Durante el gobierno de Perón, más allá del discurso anti terrateniente, el campo se vio beneficiado a partir del año 1950 en el que la actividad industrial comienza a estancarse por las medias antiinflacionarias del ministro Gómez Morales.
Y en esta etapa histórica los números hablan por sí solos. Durante el gobierno de Alberto Fernández los ingresos por exportaciones de granos superaron por primera vez en la historia el 51% del total de ingresos anuales de divisas.
Entonces llega el momento de la tercera verdad de Perogrullo: con “el campo” no alcanza. Lo dijo Manuel Ugarte hace 100 años y lo sostuvo Aldo Ferrer hace 50. Un país agroexportador alcanza para 10 millones de personas y deja al resto afuera, un país agroexportador es un país absolutamente dependiente del marco externo y es extremadamente fluctuante. El nuestro es un país en el que el 70% de las exportaciones son controladas por 200 empresas rurales superavitarias acumuladoras de un enorme poder sobre el ingreso de divisas.
Pero podemos intentar plantearnos estos conceptos que damos por supuestos en un mediano plazo, en el mundo actual y en el marco de un nuevo modelo industrial de exportaciones. En primer término, es imposible dejar de contemplar que el marco de guerra y cambio climático abre un panorama de “catástrofe alimentaria” (no lo digo yo, lo dice The Economist en tapa el 19/05/22) y que de toda crisis puede surgir una oportunidad. La demanda de alimentos va en ascenso y, más allá de una estabilización transitoria, los precios de los commodities rurales van en franco crecimiento. La invasión de Ucrania ha dejado vacante el espacio de un exportador de cereales de gran importancia, y es natural que en la Argentina se piense en la posibilidad de ocuparlo.
En segundo término, es importante pensar cómo sería el camino de sustitución de la matriz agraria. En este sentido tenemos el ejemplo reciente y palpable de Sri Lanka, país que de un día al otro tomó la decisión de prohibir el uso de fertilizantes y semillas biológicamente modificadas, produciendo un drástico ajuste de su producción agraria, lo que llevó a una crisis cambiaria enorme que desató el vaciamiento de reservas y detonó la más grave crisis social y política desde la fundación del país en 1948. Tomando a los ceilaneses como espejo podemos avizorar que la sustitución del modelo agroexportador no tiene nada de sencillo ni inmediato y que cualquier proyecto de mediano plazo debe convivir con la producción y exportación de commoditties rurales; o incluso, sostenerse en ella.
Sobre este último punto “un modelo industrial sostenido en un modelo rural” existen algunas visiones atomizadas y desperdigadas, algo de avance y sobre todo, mucho por pensar y hacer. El empresario rural Gustavo Grobocopatel sotiene algo con respecto a ello cuando habla sobre los rubros y empleos indirectos de la ruralidad. El titular de Los Grobo le recuerda a los desentendidos que, para que un productor de soja produzca soja, antes una automotriz debe haber producido camionetas, un laboratorio semillas y una industrial tractores; pero no es el empresario el único que nos habla sobre esto. El doctor en historia económica y “heredero de Aldo Ferrer”, Marcelo Rougier lleva tiempo afirmando que un modelo solo agrario es igual de inviable que un desarrollo exclusivo de la industria, porque “sin generar una buena política para el agro con toda la riqueza y recursos que aporta, cualquier propuesta de desarrollo está destinada a fracasar”.
La propuesta se centra en un entramado industrial que se integre a la cadena de valor, sea en el procesamiento o en el abastecimiento de insumos, infraestructura, maquinaria o servicios (y la eventual exportación de estos también), motorizado por un Estado inteligente que, mediante políticas de fomento y coordinación apuntale esta integración productiva traccionada por los sectores con ventajas comparativas.
En silencio y despacito algo avanza en la Argentina en ese sentido: la aprobación del trigo HB4 en junio de este año implica un enorme avance científico de industria nacional exportable y de proyecciones incalculables por su enorme resistencia al stress hídrico. Y es sobre estos avances y algo de lo que planteaba Grobocopatel (junto con el sector de energía que luego analizaremos), junto con una incorporación de valor agregado de los commodities que Argentina puede masificar sus exportaciones industriales, tecnológicas y científicas apoyada en su campo. La industria de camionetas, maquinarias e insumos en nuestro país está suficientemente asentada como para dar el siguiente paso, una inversión acompañada por el Estado (generando competitividad de precios) puede permitir a nuestro país comerciar bienes productivos no solo con sus productores rurales, sino con los de todo el globo. Al mismo tiempo, volviendo al desarrollo científico, la potencialidad nacional –con la ventaja de tener una de las mayores agencias científicas públicas del continente- es incalculable si se logra una vuelta de tuerca que permita al trabajo de CONICET e INTA convertir sus logros científicos en productos científicos que representen insumos y know how hight tech comercializables, empezando por las semillas, fertilizantes y agroquímicos que hoy no sólo no exportamos sino que tampoco producimos con suficiencia para abarcar el mercado interno.
La tercera pata del desarrollo sostenido en la ruralidad implicaría, lógicamente, la incorporación de valor agregado, pudiendo nuestro país convertirse en la meca del jarabe de maíz, el aceite de soja, los alimentos balanceados para ganado y las harinas refinadas. La experiencia actual en industrialización de productos rurales no es, igualmente, la mejor; teniendo como ejemplo la industria vitivinícola donde cada vez es más rentable exportar mosto y vino a granel que vino embotellado y etiquetado. ¿Cómo lograr insertar nuestros alimentos manufacturados en el mundo? No hay una respuesta obvia y si hablamos de competitividad de precios inmediatamente pensamos en una brutal devaluación que perforaría los salarios de los Argentinos, pues ahí están entonces los debates en torno al desarrollo nacional o, como lo llama Marcelo Rougier, “el enigma del desarrollo argentino”.
Claro que en este esquema de producción ocupan un lugar central una serie de sustancias y procesos altamente cuestionados por su impacto ecológico; pero volviendo a observar el ocaso de Sri Lanka, este proceso de modificación genética de los cultivos, mejoramiento de la calidad y rendimiento de los mismos e incorporación de ciencia y tecnología en las plantas; parece no tener marcha atrás. La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que los distintos alimentos transgénicos, y su inocuidad, tienen que evaluarse caso por caso, y que es imposible hacer una declaración general. Por su parte, la FAO explica que “buena parte de los criterios opuestos a los organismos genéticamente modificados se sustentan en experiencias referidas al mal uso de las indicaciones tecnológicas, la falta de información, deficiente capacitación y las prácticas abusivas de determinadas empresas productoras de semillas a escala mundial.” Los abusos en el uso de glifosato y los desmontes de bosques nativos parecen estar más ligados a la concentración de la comercialización internacional de commoditties, semillas e insumos en empresas como Bunge, Cargill, Monsanto y Syngenta; que a la producción de granos y oleaginosas en sí. En este sentido, como modo de comparación, Mercedes Larosa describe en una nota de Revista Panamá que “En 2016, Cuba se posicionó a favor del uso de transgénicos. Los primeros esfuerzos de los especialistas cubanos en el campo de la biotecnología vegetal estuvieron centrados en lograr el dominio de las técnicas de cultivo in vitro de células y tejidos de plantas. Ese año realizaron un taller con el auspicio de los consejos científicos del Instituto de Ciencia Animal (ICA) y el Centro de In geniería Ge nética y Biotecnología (CIGB), donde se señaló que los cultivos genéticamente modificados han contribuido a mitigar la crisis de falta de alimentos derivada del crecimiento de la población mundial y el efecto de los cambios climáticos, constituyendo la tecnología de cultivo con adopción más rápida en la historia de la agricultura. De esta forma, Cuba encontró en los transgénicos una alternativa y solución a la producción de cultivos que permita la soberanía alimentaria a partir de una estructura regulada y un monitoreo responsable, con base en la ciencia nacional y en sinergia con otros desarrollos como los bioproductos y la agroecología”.
Para alcanzarlo es indispensable apuntalar una industrialización vigorosa del sector rural y sus industrias conexas, que permita acelerar la innovación y saltar la restricción externa con megalómana productividad.
Un área en la que la Argentina pareciera tener mayor desarrollo y desde donde puede trazar un norte es el de la energía; pero no solo por sus millonarias reservas de petróleo y gas; sino por las capacidades secundarias e indirectas que se atan al área energética. Particularmente me refiero a los casos de INVAP e IMPSA, dos empresas ejemplares en lo que refiere a coordinación público-privada y capaces de producir generadores de energía eólica, componentes para centrales nucleares, turbinas hidroeléctricas, reactores de investigación, satélites y radares. Además poseemos reservas por 17 millones de toneladas de litio, material fundamental para la producción de estas tecnologías. Así mismo, el crecimiento de estas multinacionales es capaz de generar un nuevo universo de unidades de negocio pyme de servicios a su alrededor.
De nosotros depende tomar la decisión política de orientar la inversión y cuidar nuestros recursos; reorientar el norte de estas empresas para colocarnos a la vanguardia en tecnologías de energía; instalar miles de molinos eólicos en la meseta patagónica y ser acreedores energéticos y ambientales a nivel mundial; o tomar la decisión de licitar la perforación de litio por migajas y dejar nuestra producción en el estancamiento.
En un plazo más breve la exportación de gas y petróleo no convencional pareciera ser la principal herramienta para el ingreso masivo de divisas, pero el pomposo anuncio del inicio de la obra de construcción del gasoducto Néstor Kirchner no le llega ni a los talones a los montos de inversión pública que se requieren para una correcta exploración y explotación. Nuevamente el desafío es de decisión política con visión estratégica.
El rol del Estado en este proceso es central y merece amplios debates: ¿cómo lograr un tipo de cambio competitivo sin devaluar el salario de los argentinos? aun ante un escenario devaluatorio ¿es iluso pensar que el ingreso de divisas puede reactivar la solidez del peso? ¿cómo debe coordinar el Estado la actividad y hasta qué grado de rigidez debe martillar para vigilar la estrategia? ¿en qué punto es compatible un plan de estas cualidades con la libertad de mercado que los sectores productivos exigen para invertir? ¿cómo evitar la fuga de los capitales? ¿cómo compatibilizar la rentabilidad para el sector empresario con mayor igualdad y crecimiento del salario? ¿es acaso una fantasía plantear una transformación productiva que no implique confrontación con los exportadores de soja y el capital trasnacional? ¿requiere este plan de un gran acuerdo al estilo de la Moncloa? O incluso más ¿requieren estos debates plasmarse en una Convención Constituyente?
Por Federico Niemetz. Abogado, maestr. Economía y Derecho. Docente de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad del Aconcagua. Integrante del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza y de las Comisiones técnicas del Colegio de Abogados de Mendoza.
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